Cancún, QRoo.- El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde se ventila el litigio entre Vulcan Materials y el Gobierno mexicano, admitió considerar válido dentro del juicio el testimonio de Quetzal Tzab, representante de familias indígenas que acusan a la empresa estadounidense de contaminar el agua y el aire en Playa del Carmen.
Lo anterior derivado de las más de dos décadas de operación de la mina Calizas Industriales del Carmen (Calica), propiedad de Vulcan Materials, la cual está acusada por el gobierno mexicano de generar una “catástrofe natural” por la extracción de material pétreo en terrenos cercanos a la costa de Playa del Carmen, donde se encuentra el muelle Punta Venado, desde donde exportan la piedra triturada hacia Estados Unidos.
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Quetzal Tzab, representantes de más de 2,500 familias de Playa del Carmen ha interpuesto diversas denuncias en México contra Calica por daños a la salud de niños, así como deterioro ambiental y contaminación del acuífero subterráneo que yace debajo de las 2,400 hectáreas que posee esta mina para extracción de roca caliza.
Apenas en 2023, Quetzal Tzab interpuso una denuncia colectiva contra Calica, mediante la cual exigen el cierre definitivo de la mina a cielo abierto, apelando al derecho de la colectividad a un medio ambiente sano y al derecho superior de la niñez.
Quetzal Tzab aseguró en esa ocasión a El Economista que existen incontables casos de niños con problemas de asma y enfermedades cutáneas, sobre todo en la comunidad de Las Torres, ubicada a 2 kilómetros de Calica, hasta donde se esparce el polvo que desprende la roca triturada que se almacena en grandes cantidades en los terrenos de la mina.
Este testimonio ahora formará parte de las deliberaciones del CIADI en el litigio internacional por 1,900 millones de dólares que desde 2018 inició Vulcan Materiales en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra al menos tres actos de distintos órdenes del gobierno mexicano que impiden a la empresa seguir extrayendo material pétreo desde Playa del Carmen.
El primero de estos actos inicia en 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo del predio La Adelita, uno de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en ese predio, que es su principal giro económico desde su llegada México en 1986.
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El segundo acto de gobierno es la imposición de impuestos por el movimiento portuario en el muelle de Punta Venado en 2014, desde donde embarcan y movilizan la piedra triturada que exportan a Estados Unidos. Por último, Vulcan reclama como tercer agravio la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017.
La clausura en 2022 de otro de sus predios, La Rosita, en mayo de 2022, sumó como nuevo componente al litigio.
Aunque el presidente López Obrador pidió de manera pública en sus conferencias desde Palacio Nacional a Vulcan Materials abstenerse del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo, el litigio siguió su curso y el 11 de julio de 2022, el CIADI autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional, relacionada con la clausura al muelle de Punta Venado y la clausura del predio La Rosita.
Esto dio inicio a una segunda fase del arbitraje y tuvo como consecuencia dos rondas adicionales de escritos y una audiencia en la que se autorizó a la empresa ampliar el monto actualizado de compensación exigido a México de 1,500 a 1,900 millones de dólares.
Con información de El Economista