Las explosiones ocurridas por la presencia de gasolina en el drenaje de Guadalajara, el 22 de abril de 1992, que destruyeron poco más de ocho kilómetros del sector Reforma de esa ciudad, ocasionado la muerte inmediata de 210 personas, son un doloroso recordatorio de la incapacidad institucional que aun padecemos en México ante situaciones de riesgo.
La reciente contaminación del agua potable en unas 10 colonias de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, y la deficiente respuesta gubernamental que mantiene en vilo a miles de vecinos, muestra que -a más de tres décadas de la tragedia de Guadalajara- poco o nada se ha aprendido en cuanto a la responsabilidad que deben asumir las autoridades.
Así nos lo recuerda Sonia Solórzano Romo, sobreviviente de las explosiones del 22 de abril de 1992: “Tuve fractura (expuesta) y luxación de la pierna derecha y tobillo derecho, también fractura del brazo izquierdo, lesiones en cervicales y columna, y conmoción cerebral, por lo cual duré cerca de poco más de dos años en lo que le llaman como vida vegetal”, detalla en entrevista con ALTO NIVEL.
Aquel día era un miércoles de Pascua, y el olor a gasolina, reportado por los ciudadanos 48 horas antes del siniestro, inundaba la zona devastada, haciendo más difícil el rescate de 1,460 personas que resultaron heridas.
La vida de Sonia, quien en 1992 tenía 19 años, cambió por completo cuando iba a su trabajo en el transporte público. Desde entonces vive con una discapacidad motriz que, tras sobrevivir a la catástrofe, solo le permitió trabajar durante 20 años.
“Logré una pensión baja, pero pues ya al menos también tengo el servicio médico, que es lo que lo que más peleamos ahorita nosotros, la atención médica, porque las secuelas son las que nos están acabando”, enfatiza Solórzano Romo, quien es integrante del Colectivo 22 de abril, una organización que aglutina a tres grupos de afectados por las explosiones.
Desinterés oficial
Como Sonia hay otros 52 sobrevivientes que padecen alguna discapacidad, y que son atendidos económicamente por un fideicomiso creado por el gobierno de Jalisco en 1998, con el objetivo de cubrir, al menos parcialmente, las necesidades de quienes sufrieron lesiones de por vida.
El denominado Fideicomiso de Apoyo y Seguridad Social (FIASS) para dar atención a las víctimas en condición de discapacidad, a consecuencia de las explosiones del 22 de abril de 1992, hoy está descapitalizado. De hecho, sus recursos solo permitirán un año más de apoyos económicos.
A 32 años del desastre, ocasionado por una fuga de miles de litros de gasolina de Petróleos Mexicanos, Sonia Solórzano no solo recuerda que su vida actual es resultado de aquellas explosiones.
Esta mujer tapatía, además de ser ejemplo de resiliencia, también encabeza la lucha ciudadana para que las autoridades asuman su responsabilidad institucional por los hechos ocurridos en el sector reforma de Guadalajara.
Sin embargo, “la puerta está cerrada a los ciudadanos, tanto en el gobierno federal, municipal, y estatal, (…) ha sido una lucha constante para saber la verdad y que se haga justicia, que es lo que más clamamos”, manifiesta.
Impunidad y conflicto
Las vacilantes respuestas de las instituciones del Estado ante situaciones de riesgo, suelen alterar la relación de subordinación que existe entre gobernantes y gobernados, generando conflictos sociales.
Esta fue la consecuencia inmediata de las explosiones registradas en Guadalajara, un escenario que, guardando todas las proporciones, ha seguido repitiéndose a lo largo de todos estos años.
Si desde el gobierno no se protege a los ciudadanos, si los daños no se controlan, si no se atienden las demandas de reparación, y el sistema jurídico se utiliza como un instrumento político que permite a funcionarios e institucionales evadir su responsabilidad, el conflicto social es inevitable.
Esto es lo que hemos visto en las últimas tres semanas en la Ciudad de México, debido a la contaminación del agua potable, con presuntos aceites y lubricantes, en colonias de la Alcaldía Benito Juárez.
No es necesario que se presente un riesgo de grandes magnitudes, al resentir cualquier afectación, los ciudadanos requieren una respuesta -inmediata y adecuada- del gobierno. Lamentablemente, esto es lo que siguen esperando desde hace 32 años los afectados de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara.
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