Gerardo Abraham Aguado Gómez, diputado por el PAN, señaló que el ruido es un grave problema de salud pública que afecta al 75 por ciento de la población, con impacto en la salud mental y física de las personas.
Añadió que la mayor parte de la contaminación acústica es competencia municipal, los ayuntamientos son responsables de establecer medidas, protocolos y programas necesarios para prevenir y combatir el ruido, y las reformas aplicadas a la Ley para Combatir el Ruido, publicada el pasado 30 de enero, les facultan para regular el uso indiscriminado de bocinas, altoparlantes y equipos de sonido, sus permisos y limitaciones; su uso en centros de entretenimiento o de consumo de bebidas alcohólicas y en cualquier lugar que lo ponga la gente.
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Asimismo, regular su generación en palapas, restaurantes al aire libre, quintas y terrazas; regular la reincidencia de los infractores y crear el Padrón de Generadores de Ruido, así como establecer mecanismos alternativos de solución de conflictos entre vecinos, además de imponer sanciones.
También, establece la prohibición de otorgar permisos para utilizar bocinas, altoparlantes o equipos similares dedicados a diferentes giros al de entretenimiento o la venta de bebidas embriagantes para consumo en el lugar, cuando exista en un diámetro de 30 metros a la redonda, o bien en la parte superior o inferior del inmueble una casa habitación.
Destaca que los propietarios, arrendatarios y poseedores de bienes inmuebles serán “solidariamente responsables” con los infractores de la ley, y corresponde a los municipios diseñar la reglamentación para hacer cumplir el ordenamiento sin que haya excusas de por medio.