El robo cometido en el transporte público es un delito que se castiga con mayores penas de prisión, debido a la indefensión en la que se encuentran las víctimas, y a que este ilícito suele cometerse con violencia, por lo que se justifican y son constitucionales las agravantes con las que se sanciona esta conducta, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para el máximo tribunal, está justificado que algunas entidades del país impongan sentencias mayores a quienes cometen este tipo de robo, en contraste con quienes son responsables de robo simple y sin violencia.
De acuerdo con el fallo aprobado, con el robo en el transporte público “no sólo se atenta contra el patrimonio de las personas, sino que también se producen afectaciones psicológicas e inseguridad social”.
Al resolver un Amparo Directo en Revisión, promovido por un hombre que fue sentenciado en el Estado de México a 20 años cuatro meses de prisión, por ser penalmente responsable del delito de robo cometido con violencia moral en un transporte público de pasajeros, la Primera Sala de la Corte enfatizó que “las agravantes del delito no sancionan en dos ocasiones la misma conducta”.
La legislación es constitucional
El que los Código Penales impongan una sanción mayor al robo con violencia en el transporte público, no significa que al responsable se le esté juzgado por robo simple, y además por robo en el transporte, pues este último es una modalidad del robo cuyas características especiales hacen necesario que exista una mayor penalidad.
No es “un doble procesamiento por el mismo hecho”, sino que se trata de la aplicación de penas adicionales “cuando se presentan determinadas circunstancias que afectan a las víctimas más allá de su patrimonio, y ameritan un mayor reproche social”, apunta el fallo.
En este caso, el quejoso fue encontrado responsable de robo con violencia moral en el transporte público, ya que usó “una navaja y palabras altisonantes” para exigir a los pasajeros que le entregaran sus pertenencias, lo que en la legislación penal del Estado de México se considera una agravante, pues en esta entidad se registra el 52.17% de todos los robos al transporte público que se cometen en el país.
Si bien el infractor inmediatamente fue detenido, el robo a los pasajeros sí se consumó, por lo que fue sentenciado -primero- a 26 años tres meses de prisión, aunque en la apelación la pena se redujo a 20 años y cuatro meses de privación de la libertad.
De manera unánime, los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN argumentaron además que, como ocurre con otras legislaciones de los estados, el Código Penal del Estado de México no es ambiguo ni arbitrario, ya que al tipificar el delito de robo con violencia en el transporte público se consideró la gravedad de este delito y el principio de exacta aplicación de la ley penal.
Por ende, la Corte le negó el amparo al sentenciado, ratificando su última condena, pues el Código Penal de la entidad mexiquense es armónico con la Constitución.
Más robos ameritan más penas
En México, el 40% de los 2.29 millones de delitos que se registraron en 2023 fueron ilícitos cometidos en contra del patrimonio de las personas, entre los que se encuentran el robo simple, los robos a negocios y a casas habitación, el robo a transportista, y el robo en el transporte público colectivo.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado en todo el país se registraron 12,273 robos de este tipo, de estos 6,403 (52.17%) se cometieron en el Estado de México, por lo que no es extraño que en esta demarcación se castigue con más severidad este ilícito.
Le siguen la Ciudad de México, con 3,952 (32.20%), y Puebla con 972 (7.92%), lo que indica que se trata de un fenómeno delictivo que se concentra en estas tres entidades, donde se registra el 92.29% de todos los robos en el transporte público colectivo que se cometen en territorio mexicano.
Los estados en los que -durante 2023- no hubo ningún robo en el transporte público fueron Colima, Durango, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas.
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