Un juez de Ecuador dictó el viernes una orden de prisión preventiva contra Walter Solís, exministro durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) y pidió que se inicie el proceso de solicitud de extradición a México, donde según su defensa tiene la condición de refugiado.
Solís, que ocupó la cartera de Transporte y Obras Públicas, es uno de los nuevos seis imputados dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de 2016, donde la fiscalía halló indicios de presunto peculado (malversación de fondos públicos) en la administración de Correa.
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El exministro tiene en Ecuador dos sentencias por corrupción pendientes de cumplir, una de ellas la del caso sobornos, referente a la financiación irregular de la formación política correísta Alianza País, en el que también fue condenado e inhabilitado el expresidente Correa.
A los demás nuevos imputados en el caso reconstrucción, el juez los ha dejado en libertad condicional, con medidas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas el primer día laborable de cada semana, incluido otro exministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Córdova, según informó la fiscalía en un comunicado.
El magistrado también ordenó la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas e inversiones que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, propiedad de los nuevos vinculados.
En total son nueve los imputados por esta causa, incluido el exvicepresidente Jorge Glas, quien el 5 de abril fue detenido en un asalto de las fuerzas policiales y militares a la Embajada de México para cumplir con una orden de prisión preventiva en su contra, horas después de que el gobierno mexicano le hubiese otorgado el asilo al considerarlo un perseguido político.
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La irrupción a la fuerza en la sede diplomática de México llevó a este país a romper relaciones con Ecuador y denunciarlo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que ha violado su soberanía y el derecho internacional.
Sin embargo, para el gobierno ecuatoriano fue México quien infringió los tratados internacionales, ya que sostiene que la Convención de Asilo impide dar este beneficio a personas procesadas por tribunales ordinarios por delitos comunes.
Este viernes, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictaminó que la detención de Glas fue ilegal y arbitraria, pero lo mantuvo en prisión, ya que tiene pendiente de acabar de purgar una pena de ocho años de cárcel por dos condenas de asociación ilícita y cohecho emitidas en 2017 y 2020, respectivamente.
Glas ejerció de presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, encargado de priorizar las obras para la reconstrucción de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, las más afectadas por el fuerte terremoto.
A través de ese comité se consideraron como prioritarios 584 proyectos por un valor de más de 367 millones de dólares.
Sin embargo, a partir de su investigación, la fiscalía sostiene que varias de esas obras no tenían presuntamente relación con el objetivo de la ley de reconstrucción y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto.
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“Además, se presume que esto implicó un abuso de fondos públicos en beneficio de terceros, tanto de personas naturales como jurídicas, que actuaron como contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos”, señaló el Ministerio Público.
“Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto”, concluyó.