Caso Ayotzinapa: Liberación de militares involucrados no significa su inocencia

La libertad condicional otorgada a ocho militares acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de estar involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa no implica que estos hayan sido exonerados y, por supuesto, tampoco significa la cancelación de su proceso penal, pues el juicio en su contra se mantiene, con la posibilidad de que vuelvan a prisión.

De entrada, hay que aclarar que los suboficiales procesados obtuvieron su libertad la semana pasada a través de un amparo que no fue impugnado por la FGR; es decir, al no oponerse a la determinación, la Fiscalía manifestó tácitamente que estaba de acuerdo en que los militares siguieran su proceso en libertad.

Los acusados, que deberán presentarse a firmar cada quince días, son Omar Torres Marquillo (subteniente), Roberto de los Santos Eduviges (sargento 2º), Ramiro Manzanares Sanabria (sargento 2º), Juan Andrés Flores Lagunas (sargento 2º), Gustavo Rodríguez de la Cruz (sargento 1º), Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz, estos últimos cabos.

Hasta ahora no se conocían sus nombres, pero fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien reveló la identidad de los militares el pasado 23 de enero en una publicación de X (antes twitter).

La funcionaria posteó la imagen de un oficio “confidencial” que, el 12 de diciembre de 2023, le envió a Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el documento, Alcalde le informaba a la ministra sobre el amparo que beneficiaba a los militares, emitido el 30 de noviembre pasado, advirtiendo que -con su liberación- los procesados podían huir del país.

Pero la presidenta de la Corte no está facultada para cambiar ninguna resolución emitida por Juzgados o Tribunales, a menos que el caso sea atraído por la SCJN, y para ello deben reunirse diversos requisitos procedimentales.

En este caso, la sentencia del amparo ya había sido emitida doce días antes del oficio de la secretaria de Gobernación, por lo que la Corte -legalmente- no podía impedir que los acusados obtuvieran su libertad, lo que ocurrió la semana pasada después de que los militares depositaran una garantía de 50,000 pesos y entregaran sus pasaportes.

Las omisiones de FGR

Son erróneos los señalamientos en los que se acusa al Poder Judicial de la Federación de proteger a los presuntos involucrados en el caso Ayotzinapa, pues es la FGR la que en realidad no ha realizado de manera adecuada su trabajo.

Al menos en este caso, la Fiscalía debió impugnar -a través de un Recurso de Revisión- el amparo que se les concedió a los procesados el pasado 11 de agosto de 2023.

Los que sí lo impugnaron fueron los mismos acusados, quienes consideraban que el amparo no los protegía completamente, pues en esa determinación solo se ordenó que se realizara una nueva audiencia para que la jueza de la causa volviera a valorar si era o no pertinente que los militares permanecieran en prisión preventiva oficiosa (automática).

Así, los ocho inculpados -con un Recurso de Revisión- llevaron su caso ante el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México, instancia que determinó, el 30 de noviembre de 2023, que la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México debía revisar la prisión preventiva oficiosa.

En ese fallo, cuya copia posee ALTO NIVEL, también se ordenó que la juzgadora impusiera otras medidas “razonablemente adecuadas”.

Ante esta orden, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo revocó la prisión preventiva oficiosa, pues no estaba acreditado el riesgo fuga. De hecho, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México no consideró la posibilidad de que los acusados huyeran, debido a que la FGR no fue parte del Recurso de Revisión que promovieron los procesados.

Si se quería que los órganos jurisdiccionales valoraran el riesgo de fuga de los militares, la FGR debió impugnar el amparo inicial, e incluso -al hacerlo- la misma Fiscalía podría haber pedido que la Suprema Corte atrajera el caso.

El proceso sigue

Los ocho suboficiales beneficiados con la libertad condicional siguen acusados de desaparición forzada, lo que quiere decir que, hasta ahora, solo son presuntamente responsables de ese delito, ya que la sentencia del caso no ha sido emitida.

Además, hay otros ocho militares que en 2014 prestaban servicios en los batallones 27 y 41 de Infantería en el estado de Guerrero, que también están siendo procesados por desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.

Entre estos se encuentran los hoy generales José Rodríguez Pérez y Rafael Hernández Nieto, el capitán José Martínez Crespo, y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

Todos se encuentran recluidos en la prisión del Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, a excepción de Rafael Hernández Nieto, quien en agosto de 2023 fue beneficiado con la medida cautelar de prisión domiciliaria.

Según la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR (UEILCA), el personal castrense acusado habría tenido pleno conocimiento de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los 16 militares indiciados habrían participado en la desaparición de algunos de los normalistas, al estar también involucrados con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Específicamente, al general José Rodríguez Pérez, que era coronel en 2014 cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes, se le atribuye haber dado la orden de desaparecer a seis de los 43 normalistas, de acuerdo con un informe que dio a conocer -en agosto de 2022- la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, cuando esa institución era dirigida por Alejandro Encinas.

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