Las extorsiones en todas sus modalidades, que se registran en contra de particulares y de diversos sectores productivos del país, son los ilícitos que más han aumentado en este sexenio, en comparación con los datos registrados en la administración federal anterior.
Si comparamos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la gestión de Enrique Peña Nieto, la extorsión creció 21.87%, considerando en ambos casos las cifras reportadas a partir del primer año completo de los dos mandatarios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A su vez, si el contraste se realiza con respecto a lo que recibió en 2018 el actual titular del Poder Ejecutivo federal, el crecimiento de este delito es del 53.74%, pues ese año se registraron 6,721 extorsiones a nivel nacional, mientras que 2023 cerró con 10,333 extorciones.
Así mismo, al comparar los primeros 5 años completos de Peña Nieto (2013-2017), con igual lapso de López Obrador (2019-2023), la subida de las extorsiones alcanza el 44.89%.
Ciudades extorsionadas
La extorsión es la amenaza o coacción ejercida sobre una persona para obligarla a entregar una cosa, ceder un derecho o realizar un determinado acto.
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El artículo 390 del Código Penal Federal establece que “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro”, o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión.
Esta problemática está presente en todo el país, aunque son las principales urbes mexicanas las que están a merced de los extorsionadores, debido a que en estas el poder adquisitivo de la población, y la actividad productiva de empresas y comercios son factores que atraen a este tipo de delincuentes.
El año pasado, tres de cada diez extorsiones cometidas en el país se registraron en el Estado de México (32.45%), le siguen Veracruz (7.13%), Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México e Hidalgo, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Impuesto delictivo
En México, la extorsión prácticamente se ha constituido en un impuesto que cobran los grupos de la delincuencia organizada en detrimento de comerciantes, hoteleros, taxistas, restauranteros y agricultores, entre otras víctimas.
Una de sus principales modalidades es la que los criminales llaman “cobro de piso”, con la que estos exigen dinero o pagos en especie de forma recurrente, a cambio de permitir a los extorsionados mantener su actividad productiva.
Propietarios de grandes extensiones de tierra en Michoacán, en las que se producen aguacates que se exportan a Estados Unidos, llevan al menos una década padeciendo este delito. Lo mismo ha sucedido con los agricultores de limón.
El problema es que en esas entidades no se denuncian las extorsiones, por temor a recibir represalias de parte de los criminales, por lo que en las cifras oficiales hay un subregistro.
Según cálculos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), los cobros por extorsiones alcanzan hasta los 7,000 pesos por cada uno de los camiones que pretendan salir de una plantación, cargados con 12 toneladas de limones.
Si el vehículo es de menor tamaño la cuota exigida por los malhechores es de al menos 3,000 pesos. Con esto, los agricultores tienen que vender la fruta a un precio mayor, para compensar los costos de producción, el pago de las extorsiones, y lo erogado en el transporte de los cítricos.
Al final, los consumidores terminamos adquiriendo estos productos con un sobrecosto de entre 10 y 12%, de acuerdo con el CNA.
Estas cuotas ilícitas también son exigidas a los jornaleros, a quienes los criminales les cobran -entre 500 y 800 pesos al mes- por “darles permiso” para que acudan a trabajar a las tierras de los productores previamente extorsionados.
La cadena de agravios e impunidad también se extiende a los mercados y comercios, cuyos locatarios deben pagar el “derecho de piso” para poder vender productos del campo.
De su lado, en las zonas urbanas las extorsiones afectan a todo tipo de unidades económicas, aunque son los comercios, los bares y restaurantes, entre otros, los negocios en los que se concentra esta actividad delictiva.
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