El cobro de comisiones que algunos negocios realizan cuando el consumidor quiere pagar bienes o servicios con tarjeta de crédito o débito por fin estará prohibido en México, y será sancionado con multas de hasta 2.2 millones de pesos, de acuerdo con una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que ya avaló la Cámara de Diputados.
Los cambios a esa norma, que aún debe aprobar el Senado, establecen que los proveedores de bienes, productos o servicios, tendrán prohibido “cobrar comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores”, cuando estos utilicen como medio de pago tarjetas de débito, crédito o algún otro medio de disposición de recursos, como son las transferencias electrónicas.
Cuando alguna empresa incumpla esta nueva disposición, cobrando un porcentaje sobre el precio de un bien o servicio si este se paga con algún plástico, se hará acreedora a una multa de entre 701.15 pesos hasta los 2 millones 243,671.49 pesos.
La reforma aprobada, que adiciona un artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y modifica el numeral 127 de esa norma, pretende eliminar “la corrosiva práctica” de muchos negocios que obligan a sus clientes a pagar una comisión si el pago del producto o servicio se hace con tarjeta, dijo René Figueroa Reyes, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).
“Los beneficios de eliminar las comisiones por el uso de estos medios (de pago) superan con creces los posibles inconvenientes”, añadió.
Asimismo, esta reforma busca armonizar lo que ya prevé el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Ese numeral señala que, en materia de comisiones, el Banco de México (Banxico) debe incorporar normas que limiten y distorsionen las sanas prácticas de intermediación, o resten claridad al cobro de las mismas.
Práctica indebida
Los consorcios que aceptan tarjetas, pero que para ello cobran una comisión al consumidor, están incumpliendo los contratos que se establecen con los bancos para el uso de terminales punto de venta.
En esos documentos, que obligan tanto a las instituciones financieras como a los empresarios, se precisa claramente que el cobro que se realiza a los negocios por el servicio de la terminal no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios de dichos comercios, y mucho menos ser transferido al consumidor.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha informado durante varios años que en nuestro país hay establecimientos comerciales que realizan el cobro de una comisión o recargo cuando el pago es realizado con una tarjeta de crédito o de débito.
Esa comisión puede ser de entre el 3 y el 5% del valor total de la compra o del servicio adquirido, lo que al final se convierte en un sobrecosto que afecta a los consumidores.
Trasladar esos costos a las personas consumidoras es una práctica indebida que -de hecho- puede ser sancionada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si el cliente realiza la denuncia correspondiente en esa dependencia.
Inhibe la bancarización
Actualmente, a partir de una interpretación del actual artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco puede sancionar a los negocios que obligan al pago de comisiones a sus clientes cuando estos pagan con tarjeta.
No obstante, debido a que esa práctica no está prohibida de manera textual en esa ley, los consorcios que sean sancionados pueden fácilmente obtener un amparo y revertir las multas que se les impongan.
Por eso es relevante la reforma que aprobaron los diputados, pues -ahora sí- se dirá en un nuevo artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se prohíbe el cobro de este tipo de comisiones.
Los cambios aprobados por la Cámara baja, además de que buscan poner fin a un abuso en contra de los consumidores, fomentarán el uso del dinero plástico, inhibiendo los pagos en efectivo.
De hecho, cuando una empresa advierte al consumidor que si paga con tarjeta se le cobrará una comisión, la consecuencia inmediata es desincentivar la utilización de las tarjetas, y obligar a las personas a que liquiden sus compras con efectivo.
Para la Condusef, condicionar la aceptación de tarjetas de crédito o débito como forma de pago, además de que resulta oneroso para el tarjetahabiente, obstaculiza la promoción de la inclusión financiera de los ciudadanos, ya que el usuario “recibe el mensaje erróneo de que pagar con una tarjeta cuesta más”.
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