El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en Ecuador, ahora por la crisis en el sector eléctrico.
Se establece que el régimen de excepción da paso a una intervención emergente y urgente de las instituciones estatales para precautelar la provisión del servicio eléctrico, según medios locales como ‘El Universo’.
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La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se movilizarán en todo el país, con el fin de resguardar las instalaciones críticas de infraestructura energética “para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento”.
Los 60 días que durará la medida se fijaron con la necesidad de contar con tiempo para superar la crisis energética y “hacer frente al déficit energético y garantizar el suministro del servicio de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilización en un futuro inmediato”.
El Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de asignar los recursos necesarios para atender la emergencia.
Este nuevo estado de excepción no impone horarios de toque de queda.
Ecuador vive una crisis energética a nivel nacional, que ha llevado a que vuelva a tener apagones de hasta ocho horas para racionar la electricidad, ante la imposibilidad de atender la demanda nacional.
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Esto después de que dos días antes de que comenzaran los cortes de electricidad la entonces ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, asegurara que esta medida quedaba descartada en el corto plazo pese a la situación crítica del embalse de Mazar, el segundo más grande del país.
A ello se sumó la suspensión del suministro eléctrico procedente de Colombia, que también afronta una gran sequía y no cuenta con excedentes para exportar.
La administración de Noboa ha denunciado un presunto sabotaje contra el Gobierno, en el que ha acusado a Arrobo y a otras 21 personas de presuntamente ocultar información para haber mitigado esta crisis e incluso de, supuestamente, haber vaciado el embalse de Mazar a propósito, lo que ha sido negado por el operador encargado de esa reserva de agua.
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En este contexto más de 13 millones de ecuatorianos están convocados para votar un plebiscito destinado principalmente a dar nuevas herramientas al Gobierno para enfrentar al crimen organizado, así como a aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier lugar para atraer la inversión y a permitir los contratos de horas para impulsar el empleo joven.